Colombia, junio de 2026
En Bolivia, desde inicios de mayo de 2026, la Central Obrera Boliviana, las federaciones campesinas y las comunidades indígenas convocaron a un paro nacional en rechazo al Decreto Supremo N.º 5503, firmado por el presidente Rodrigo Paz Pereira a finales de 2025.
Ese decreto eliminó los subsidios a los combustibles vigentes por más de veinte años —la gasolina subió un 86 % y el diésel un 162 %—, entregó empresas estatales al capital privado extranjero, recortó derechos laborales y otorgó beneficios tributarios a los grandes empresarios. El gobierno lo llama ajuste fiscal; las organizaciones sociales lo llaman despojo.
La respuesta del Estado fue la represión. El 16 de mayo, la policía y fuerzas militares ejecutaron operativos de desbloqueo en Río Seco, Huajchilla y Lipari, con decenas de heridos y 57 detenidos según la propia Defensoría del Pueblo. El 19 de mayo, al intentar los manifestantes avanzar hasta la Plaza Murillo, hubo al menos 127 personas detenidas, muchas de ellas en sus domicilios en horas de la madrugada.
Las organizaciones sociales denuncian además nueve compañeros muertos hasta la fecha como consecuencia directa de la violencia estatal. En el centro de la movilización están los Ponchos Rojos, procesos de confrontación comunitaria aymara del altiplano, que han cerrado carreteras y ocupado aeropuertos y han resistido cada operativo de desbloqueo con organización y disciplina.
Lo que ocurre en Bolivia es parte de una ofensiva continental. El hilo conductor es el mismo: un gobierno de derecha aplica el paquete de ajuste que exigen el FMI y el capital transnacional, y cuando el pueblo se moviliza, responde con represión. Jair Bolsonaro inauguró el ciclo con su proyecto autoritario en Brasil. Javier Milei aplica en Argentina la destrucción sistemática del Estado, los derechos laborales y la soberanía económica. Daniel Noboa militarizó Ecuador y suspendió garantías constitucionales. Nayib Bukele construyó en El Salvador un régimen de excepción permanente con miles de presos sin debido proceso. Detrás de todos estos proyectos está el respaldo político y financiero de Washington.
El imperialismo estadounidense, bajo el gobierno de Donald Trump, no opera únicamente a través de la presión militar o diplomática: opera a través de la deuda, de las condicionalidades del FMI y del Banco Mundial, de los tratados de libre comercio que abren nuestros territorios a las corporaciones mineras, energéticas y agroindustriales, y de la financiación directa de partidos, medios y aparatos judiciales que garantizan la estabilidad de los regímenes dóciles.
El objetivo no ha cambiado en décadas: control de los recursos naturales estratégicos de América Latina —litio, petróleo, agua, biodiversidad— y bloqueo de cualquier proceso que amenace esa lógica de despojo. La oferta del gobierno de Milei de enviar aviones militares para romper el bloqueo popular en Bolivia es la expresión más cruda de ese bloque político continental actuando de manera coordinada.
Colombia no está al margen. La posible llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia inscribe al país en esa misma tendencia: profundización del modelo extractivista, criminalización de la protesta social y continuidad de la violencia contra los liderazgos populares y las comunidades que defienden sus territorios.
El Coordinador Nacional Agrario de Colombia —CNA— respalda la lucha justa y legítima del pueblo boliviano. Reconocemos en sus movilizaciones el mismo origen que tienen las nuestras: la defensa de la tierra, del territorio, de los bienes comunes y de la soberanía sobre los recursos naturales.
Desde Colombia afirmamos que, más allá de las disputas electorales, nuestra apuesta es por el poder popular: construir desde abajo las transformaciones que los pueblos necesitan, fortalecer las organizaciones de base, y garantizar la permanencia en los territorios como condición de vida digna.
Exigimos el cese inmediato de la represión al pueblo boliviano, la derogación del Decreto Supremo N.º 5503 y que el gobierno de Paz negocie con plenas garantías con las organizaciones sociales. Exigimos igualmente que el gobierno colombiano se pronuncie contra la violación de los derechos humanos que se vienen presentando en Bolivia y en los pueblos de América Latina y en favor del derecho del pueblo boliviano a decidir su propio destino.
El internacionalismo no es una declaración de principios: es la práctica concreta de reconocer que el capital que nos despoja es el mismo en todos nuestros territorios, y que solo la articulación de nuestras luchas puede hacerle frente. Los pueblos que luchan no luchan solos. El CNA se suma con su voz y su organización, con la certeza de que la lucha por la vida digna, la permanencia en los territorios y las transformaciones estructurales contra el capital es una sola lucha en distintas geografías.
¡Por la recuperación del campo colombiano, vida digna y soberanía popular!
Coordinador Nacional Agrario
CNA
