Mayo 27/2026.

COMUNICADO PUBLICO

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas internacionales que regulan los conflictos y las guerras, tanto de carácter internacional como internos de los países. Su objetivo es proteger a la población civil que no participa en las hostilidades, a los liderazgos sociales, a los bienes civiles y a las personas heridas que se encuentran fuera de combate. Asimismo, regula los métodos y medios de guerra utilizados en las hostilidades.

El Coordinador Nacional Agrario -CNA-, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, da a conocer ante la comunidad nacional e internacional y las organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos, de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario lo siguiente:

Rechazamos y condenamos el ataque armado contra la comitiva que realizaba pedagogía de la campaña a favor del candidato presidencial Iván Cepeda en Cantollano, sector aledaño al municipio de Mercaderes – Cauca, en el que participaban comunidades campesinas de organizaciones filiales al Coordinador Nacional Agrario -CNA-. Como resultado de este hecho, cinco personas resultaron heridas, entre ellas el compañero y líder social Camilo López Pérez.

Como Coordinador Nacional Agrario -CNA-, nos solidarizamos con las comunidades, los familiares y las víctimas de este hecho incoherente, que atentó contra la vida de las personas que participaban en esta actividad.

El Coordinador Nacional Agrario, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, les recuerda a los actores del conflicto armado en Colombia, entre ellos el Estado y sus Fuerzas Militares, que las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos (DD. HH.) son de obligatorio cumplimiento por los aquí mencionados.

En este contexto, les exigimos a los actores armados, entre ellos al Estado colombiano y sus Fuerzas Militares, pronunciarse sobre si tienen o no responsabilidad en este hecho criminal.

Con relación a este hecho y a otros ocurridos en esta región y en el país, les exigimos a las entidades de justicia y control del Estado colombiano investigar estos hechos y judicializar a los responsables.

Por último, saludamos e invitamos al pueblo, a las comunidades campesinas y a los sectores urbanos a pronunciarnos y denunciar cualquier hecho de violencia que afecte y ponga en riesgo la vida de nuestras comunidades y liderazgos sociales, venga de donde venga. Con esta postura, fortalecemos nuestra independencia y autonomía, y garantizamos nuestra soberanía popular como comunidades y pueblos organizados en los territorios, las regiones y el país.