La Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó el título colectivo al Consejo Comunitario del Afrorenacer del Micay, con una extensión de 28.417 hectáreas y cuyo territorio está ubicado entre los municipios de El Tambo y Timbiquí, departamento del Cauca.
Este título beneficia a 262 familias conformadas por un total de 609 personas de este poblamiento que fue víctima de desplazamiento forzado, obligando a muchas de las familias a trasladarse a Popayán y otros municipios de la región.
En 2015 la comunidad presentó ante el extinto INCODER la solicitud de titulación colectiva del Consejo Comunitario Afrorenacer de Micay, que hoy es una realidad, gracias a la adjudicación en 2023 por parte de la ANT. El territorio está constituido por once veredas: Nayita, Agua Clara, Sabaleta, Betania, Honduras, San Juan, Pitalito, El Tigre, Los Cedros, San Francisco y San José, todas con
población negra.
“Son más de 28.000 hectáreas que benefician a las familias ubicadas en el Cañón del Micay, familias que en el pasado fueron desplazadas y que esperamos que puedan retornar. Desde hoy el Consejo Comunitario Afrorenacer del Micay ya puede planificar como será el desarrollo de este territorio para la producción de alimentos, así como para la conservación ambiental y cultural”, explicó Gerardo Vega Medina, director de la Agencia Nacional de Tierras.
Según los relatos de los mayores de San Juan de Micay, este poblamiento es tan antiguo como la fundación de la ciudad de Popayán (1537), siendo entonces una de las ocupaciones históricas por parte de la comunidad negra del Cauca.
“Hoy estamos felices porque por fin este territorio es nuestro, después de tantos años de lucha y de dolor por cuenta del desplazamiento que sufrimos. Ahora le podemos dejar a nuestros hijos la tierra para cultivarla y protegerla”, dijo Amparo Angulo, lideresa del Consejo Comunitario del Micay.
El título, entonces, permite conservar las tradiciones y las prácticas ancestrales de casi tres siglos, además de otorgar la seguridad jurídica del territorio en la defensa de los derechos colectivos, por ejemplo, frente a las actividades extractivas producto de las solicitudes de explotación de oro.
