Los campesinos y campesinas que nos organizamos en el Coordinador Nacional Agrario (CNA), nos reconocemos como hombres y mujeres de la clase trabajadora, hacemos parte de los millones de personas que aportamos colectivamente para suplir las necesidades de la humanidad por medio de nuestro trabajo. En ese sentido, nuestras propuestas, más allá de ir enfocadas únicamente a resolver nuestras necesidades, son planteamientos de salidas a la crisis y las necesidades que vivimos en el campo y la ciudad.
Nuestra propuesta de Reforma Agraria Integral y Popular tiene vida en conjunto con las demás luchas del movimiento popular y se articula a las exigencias históricas emanadas de nuestros encuentros y proyecciones.
Varias han sido las iniciativas desde los territorios y, en algunos casos, desde los gobiernos para impulsar lo que han sido llamadas Reformas Agrarias o iniciativas para democratización de tierras en el país. Sin embargo, estas iniciativas se han basado principalmente en políticas de titulación y entrega de baldíos de la nación, colonizaciones, algunas parcelaciones y, principalmente, titulación de predios, este último aspecto es un tema en el cuál se ha enfocado el actual gobierno de Gustavo Petro.
Un hecho reciente está relacionado con la firma del acuerdo entre el gobierno y las Farc en el año 2016. Este documento, que dieron por llamar “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” —en el cuál las organizaciones sociales y comunidades tuvieron una mínima participación—, a grosso modo es una actualización de lo planteado en el documento de la Misión Para la Transformación del Campo, de 2014, coordinado por el actual ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.
En resumen, los aspectos generales para la cuestión agraria están consignados en el Punto 1 del acuerdo con cuatro subtemas centrales a resaltar:
1- Relacionado con el fondo de tierras. Donde se plantea crear un fondo de tierras, de diferentes orígenes, con 3 millones de hectáreas para distribuir a nivel nacional. Asimismo, dentro de ese punto se plantea el impulso de un catastro multipropósito y otros mecanismos de acceso a la tierra (como subsidio de compras y créditos), el cierre de la frontera agrícola y la formalización de 7 millones de hectáreas. Es decir, el Punto 1, en cuanto a tema de tierras, está enfocado en 10 millones de hectáreas, de los 114 millones que tiene el país.
2- El impulso de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que abarcan 170 municipios de los 1.122 que tiene el país. Los PDET se deberían construir de acuerdo a los planes de las zonas PDET, y así la destinación de recursos estaría garantizada por el gobierno. Sin embargo, los avances de los PDET han sido cortos y las actividades que realizan los departamentos y los municipios son bautizadas como desarrollo de los PDET, sin disponer recursos aparte o articularse a las necesidades planteadas por las comunidades.
3- Según el punto 1.3 de este acuerdo, se debe construir el plan nacional de reforma rural integral, donde se busquen salidas a la falta de infraestructura, vías, servicios públicos, etc. Sin embargo, no existe ese documento de plan de reforma rural, ni han participado las comunidades. No está claro tampoco de donde saldrán los recursos ni quienes o cómo los ejecutarán. Más allá de la falta de voluntad del Estado en el cumplimiento, la falta de participación y decisión de las comunidades muestra a estos planes como ajenos a las comunidades y desconocidos para las mayorías.
4- El último gran tema define los estímulos para la producción agropecuaria, la economía solidaria, la cooperación, asistencia técnica, subsidios y créditos por medio de planes y programas. De esto, poco o nada de información hay, y en los territorios no se conocen los avances en este sentido.
En general, la Reforma Rural Integral del Acuerdo de las FARC tiene alcances muy limitados y centrados principalmente en los municipios PDET, las Zonas ZOMAC y tienen una función de clarificar la propiedad. Estos alcances permitirían un avance en las reivindicaciones del campesinado y las comunidades rurales; sin embargo, no disputan ni atienden las luchas más generales de las comunidades o los planteamientos estructurales para superar el atraso, el hambre y la pobreza a nivel nacional.
Nuestra propuesta de Reforma Agraria integral y popular
Hemos identificado como elemento central que la tierra en Colombia muestra de una estructura polarizada. Por un lado, hay pocas personas que tienen millones de hectáreas en fincas; mientras que por otro, existen millones de familias campesinas (70 % de las unidades productivas) que sobreviven en fincas de menos de 5 ha. Para avanzar en los cambios estructurales que necesita la sociedad, nuestra propuesta de Reforma Agraria, Integral y Popular (RAIP) busca articular con las luchas de otros sectores de trabajadores y trabajadoras, así como con las comunidades indígenas y negras.
Sumado a esto, nuestra propuesta de RAIP busca avanzar en el equilibrio entre las actividades productivas y el cuidado del territorio, el impulso a la producción, la articulación socio-económica y cooperación en los diferentes peldaños de la economía. Finalmente, planteamos avanzar en perspectiva de soberanía alimentaria, agroecología y superación del hambre; llamando la atención sobre que la producción agropecuaria debe suplir las necesidades de insumos para concentrados y otras materias primas industriales, no necesariamente comestibles, para personas o animales.
Hemos avanzado en algunas apuestas y exigencias políticas que permiten la materialización de nuestros planes de vida y exigencias políticas. Contamos con más de medio millón de hectáreas en Territorios Campesinos Agroalimentarios (Tecam) declarados en varios departamentos del país. Asimismo, contamos con custodios de semillas y bibliotecas de semillas, biofábricas de agroinsumos, centros de logística, acopio y algunos mercados. Avanzamos en el conocimiento agroecológico y su implementación, y estamos en más de 100 recuperaciones de tierras a nivel nacional. En el CNA impulsamos la gestión popular de acueductos, el mejoramiento y adecuación de vías, los colectivos de trabajo y grupos de ahorro y crédito, entre otras actividades.
Sobre este resumen de la propuesta es necesario indicar que falta profundizar las especificidades en cuestiones de género, identidad sexual y étnicas, entre otras que constituyen enfoques necesarios para abordar la complejidad del problema.
En términos generales, la Reforma Agraria, Integral y Popular contiene tres grandes aspectos: 1- Reforma Agraria, Integral y Popular, 2- Economía de Fondos Públicos y 3- Democratización y ordenamiento del territorio.
1- Reforma Agraria, Integral y Popular:
• Distribución de una parte de las tierras productivas a los campesinos y definición de Territorios Campesinos Agroalimentarios (Tecam), para lo que planteamos un mínimo de 10 millones hectáreas. Unido a esto, la inversión estatal a los Tecam declarados y otras figuras de territorialidad campesina.
• Reconocimiento del Campesinado como Sujeto de Derechos; así como el debido reconocimiento a sus organizaciones, al derecho a la territorialidad, a la consulta previa y a las formas organizativas de cuidado y autocuidado (como las Guardias Interétnicas, Campesinas y Populares).
• Creación de empresas sociales y cooperativas que agremien a los proletarios[1] del campo, dotándolos de maquinaria y tierra para trabajar en forma cooperada.
• Créditos y subsidios a cadenas productivas, expresados en el impulso a cadenas de insumos y la comercialización necesaria, que mejore los precios de venta finales. Para ello hay que replantear el papel del Banco Agrario y de Finagro, así como los desembolsos a los gremios y los recursos de las administraciones departamentales y locales.
• Ampliación de la oferta de bienes de consumo colectivo[2] en el campo: vivienda, salud, educación y vías, mediante empresas públicas cooperativas y de propiedad social.
• Construcción de distritos de riego y fortalecimiento de los acueductos veredales bajo los principios de la gestión popular, en el marco de un Sistema Nacional de Adecuación de Tierras.
• Fomento, fortalecimiento y financiación de bibliotecas de semillas en las regiones naturales y territorios con el fin de conservar, reproducir, aprovechar, distribuir y conocer las semillas criollas y nativas.
• Sistema nacional de asesoría y acompañamiento técnico y organizacional.
2- Impulso de una Economía de Fondos Públicos para la transformación del campo:
• Una Empresa Pública de Plataforma (por medio de aplicaciones o las posibilidades que permite la conectividad) que coordine e integre los diferentes esfuerzos de las cadenas de producción y las vincule a nivel nacional: economía campesina, empresas sociales de proletarios del campo, cadenas de insumos y comercialización, empresas públicas o cooperativas de asesoría tecnológica, oferta de bienes de consumo colectivo para el campo.
• Creación de una instancia pública guiada mediante los criterios de gestión popular[3] y soberanía alimentaria, que oriente el papel que cumple el sector y avance en su planificación social.
• Creación de un fondo público de tierras, que supere el del Acuerdo de 2016 y permita entregarlas en usufructo a las organizaciones proletarias y campesinas.
• Creación de una empresa pública para el desarrollo del sector agropecuario.
• Consolidación de un fondo público de inversiones del sector, que pueda nutrirse de los recursos que entran por actividades minero-energéticas, recursos de gremios y dineros provenientes de los trabajadores y trabajadoras del país.
• Avance y consolidación de los trabajadores del sector mediante un sindicato nacional y una asociación nacional de cooperativas campesinas.
• Con las alcaldías y gobernaciones, impulsar a grupos y conglomerados municipales y regionales de empresas cooperativas, sociales y públicas del sector.
• Empresa Nacional Pública de agroinsumos, fortalecimiento de las biofábricas y fábricas de abonos orgánicos y agroecológicos a nivel municipal, regional y la red nacional.
• Empresa nacional pública de máquinas y herramientas para el campo.
• Sistema nacional de acopio y distribución de productos agropecuarios.
• Ampliar y consolidar el sistema nacional de comedores populares, que incluyan al PAE, los centros de mayores y otras compras públicas. Para ello, el Estado priorizará las compras de productos agroecológicos y orgánicos.
• Impulsar el desarrollo tecnológico que vaya acorde a las condiciones geográficas y agrológicas del país, priorizando las tecnologías campesinas, cooperativas y agroecológicas.
• Crear la Universidad Pública Campesina.
3- Democratización y reordenamiento del territorio:
• Fijar como propósito nacional prioritario, la garantía de alimento a toda la población que habita en el país.
• Democratizar el acceso a la tierra y al espacio social como medio para acceder a los bienes de la naturaleza.
• Reorientar la política de áreas protegidas y zonas de especial protección, en función de garantizar la permanencia campesina en el territorio, en condiciones de dignidad. Y la prohibición de la mercantilización, militarización y explotación industrial y minero-energética de los mismos. Impulsar las construcciones de los planes de manejo y planes de vida en estos lugares.
• Establecimiento de la primacía del carácter público y social de la tierra y sus bondades sobre otras formas de propiedad, a fin de garantizar el acceso proporcionado a los recursos de la naturaleza, base sobre la cual puede superar la relación depredadora sobre la naturaleza y sus fuentes.
• Establecimiento de áreas y territorios de acuerdo a sus especificidades, en particular: Territorios Campesinos Agroalimentarios, Territorios Industriales Alimentarios y Territorios de Materias Primas.
En los escenarios de movilización y disputa, continuaremos escribiendo la historia del campesinado y posicionando nuestra propuesta. Al mismo tiempo, debemos seguir avanzando en el fortalecimiento de la organización campesina, de jornaleros, hombres y mujeres que trabajamos en el campo. Recordamos que la movilización es nuestra principal herramienta de lucha y por eso nos planteamos continuar con las recuperaciones de tierras, la defensa de los territorios y la vida, en articulación con los demás sectores populares.
¡POR LA DEFENSA Y RECUPERACIÓN DEL CAMPO COLOMBIANO, VIDA DIGNA Y SOBERANÍA POPULAR!
[1] Trabajadores que solo tienen su fuerza de trabajo para subsistir, no poseen tierra, trabajan en fincas de otros o en grandes monocultivos.
[2] La vivienda y sus servicios de agua, energía eléctrica, gas, telefonía, televisión, internet. • La educación, vista como el cuidado de los infantes, la primaria, secundaria, técnica y universitaria. •Servicios de salud: planes básicos, cuotas moderadoras, medicinas, exámenes e intervenciones no cubiertas por los planes básicos. •Servicios de recreación: pago por el acceso a espacios. • Servicio de transporte. servicio directo y los costos de producción de las vías.
[3] Proceso mediante el cual la clase popular (trabajadores/as) identifica, diseña y construye rutas alternativas para satisfacer algunas de las necesidades que el mundo capitalista le niega.
