Las comunidades campesinas de la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios alertan ante las instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y al pueblo colombiano el inminente desplazamiento forzado, confinamiento y amenazas en contra de la vida e integridad física de las familias campesinas y vocerías de nuestra organización asentadas en los predios conocidos como Génova y Santa María y en el predio Las Américas, en los municipios Chimichagua y Astrea, en el departamento del Cesar.

Lea la denuncia a continuación:

Las comunidades campesinas de la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios alertan a las instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y al pueblo colombiano el inminente desplazamiento forzado, confinamiento y amenazas en contra de la vida e integridad física de las familias campesinas y vocerías de nuestra organización asentadas en los predios conocidos como Génova y Santa María y en el predio Las Américas en los municipios de Chimichagua y Astrea, en el departamento del Cesar.


Los hechos relacionados con estas graves violaciones a los derechos humanos de las familias campesinas son los siguientes:

  1. El día sábado 4 de enero del 2025 alrededor de las 10:00 am varias vocerías de la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios, defensores de DDHH y José García, representante legal y vocero de la comunidad de ASOCAMGEMA nos encontrábamos en el racho comunal conversando con familias campesinas asentadas en el predio conocido como “Génova” para verificar de viva voz de la comunidad hechos de desinformación y coacción que vienen sufriendo por parte de personas asentadas en el mismo predio para forzarlos a desvincularse de la Comisión por la Vida Digna, la Tierra y los Territorios e integrarse al proceso manejado por ellos.

    De acuerdo con la información comunitaria se supo que Francisco Javier Lara Morales identificado con C.C. 7.618.598, actual funcionario público que labora en el Hospital de Astrea y Wendy Hernández, identificada con C.C. 1082250360, convocaron una asamblea comunitaria el pasado 24 de diciembre del 2024 en el predio de Génova, para inducir a las familias a separarse de la Comisión con información falsa sobre el estado del proceso y nuestro papel allí. El interés detrás de esta división radica en que dentro de la Comisión se prohíbe expresamente actuar como intermediarios o establecer cualquier tipo de negociación con los propietarios de los predios ofertados a la ANT, y mucho menos sin conocimiento expreso de la institucionalidad o violando los procedimientos y espacios legales conformados para ello.

    Durante la asamblea, Francisco Javier se contactó vía telefónica con el propietario Eduardo Arredondo, evidenciando la intermediación activa e irregular que viene desempeñando en un proceso de compra – venta que únicamente compete a la institucionalidad estatal y a los propietarios que ofertan los predios. Igualmente, se evidencia la intención de Eduardo Arredondo de instrumentalizar a las comunidades campesinas y sus asociaciones, como cuando llevó a una comitiva de topógrafos haciéndose pasar por funcionarios de la ANT, situación que fue comunicada por nuestra organización a la entidad vía su dependencia de Diálogo Social y DAT.

    Adicionalmente, durante la asamblea se afirmó que tras la reunión sostenida el 23 de diciembre del 2024 entre Francisco Javier y la funcionaria Alexandra Pineda, asesora de la ANT para el Cesar, ella facilitaría el proceso de compra y adjudicación de predios, porque a las familias de la Comisión ya no le otorgarían más tierra en el departamento. En reiteradas ocasiones, nuestra organización le ha pedido a la funcionaria Alexandra Pineda, respetar la estructura organizativa interna y establecer un protocolo de relacionamiento con nuestros procesos de tal manera que no se fomenten ni profundicen diferencias internas que impidan la unidad del campesinado en el territorio.
  2. Media hora después, mediante un mensaje de texto el señor Francisco Javier malinformó y alertó a la comunidad sobre una supuesta “invasión” al predio, tras lo cual acudió un grupo de aproximadamente 15 campesinos ajenos a Génova, liderado por el propio Francisco, quien estaba armado, Jacob Jiménez, identificado con C.C 77143477 y Amiro Comas identificado con C.C. 77090406. Este grupo venía con machetes, bloqueó la entrada e indicó que no permitirían el diálogo ni el ingreso de los miembros de la Comisión por la Vida Digna hacia las parcelas en las que se encontraban las demás familias y que si nos atrevíamos a pasar íbamos a correr peligro de muerte. Incluso amenazaron con quemar la camioneta de la UNP en la que se desplazaba parte de las personas defensoras de los DDHH y vocerías de la Comisión.

    Adicionalmente, el señor Jacob Jiménez amenazó a las familias campesinas afirmando que quien continuara asociado a la Comisión por la Vida Digna no podría ingresar al predio y sería desplazado forzadamente de la parcela que ha trabajado durante más de cuatro años. Este señor ya ha sido denunciado por la misma comunidad tras haber acaparado alrededor de 80 hectáreas en el predio de Santa María- sector conocido como el 19 de Febrero.

    Ante ese escenario de violencia, la comitiva se retiró del lugar, no sin antes invitarles a realizar una asamblea general el día 6 de enero del 2025, para aclarar la situación y permitir la libre asociación de las familias campesinas. Por sus principios organizativos, la Comisión respeta las decisiones autónomas de las comunidades siempre y cuando éstas se tomen en espacios seguros, sin coacción y sobre todo, con la información clara y precisa.

    Sin embargo, en ausencia completa de garantías, con amenazas, intimidaciones e improperios le exigían a la comunidad de Génova que decidiera si seguía en la Comisión o no, cambiando de manera irregular e ilegal a la junta directiva de ASOCAMGEMA, asociación conformada con el acompañamiento y apoyo de la Comisión como movimiento social.
  3. Tras estos hechos, se realizaron asambleas comunitarias con las asociaciones de Comisión y del TECAM para atender la situación de riesgo de las familias campesinas de nuestra organización que se encontraban confinadas dentro del predio, y organizar un acompañamiento solidario que promoviera la unidad, hermandad y reconciliación entre las familias. Tras ello, tuvimos conocimiento de audios enviados por el señor Amiro Comas en las que explícitamente amenazaba de muerte a cualquiera que se atreviera a ingresar al predio Santa María- Génova e incluso indicaba que organizaría una invasión al predio Las Américas, ubicado en Chimichagua.
  4. En este contexto, el día 6 de enero del 2025 acudimos a un espacio de conciliación en el despacho de la alcaldía municipal de Chimichagua con la presencia del mandatario local y el inspector de policía, manteniendo nuestra disposición al diálogo, explicando que nuestra organización rechaza la intermediación de particulares en las negociaciones de predios entre los dueños y la ANT, especialmente de funcionarios públicos y concejales, así como el acaparamiento y negociación de las tierras entregadas en el marco de la reforma agraria. En dicho espacio, además de las familias campesinas de la Comisión asentadas en el predio Génova- Santa María se encontraba un grupo de 20 campesinos liderados por Francisco Javier, Amiro Comas, Jacob Jiménez bajo la coordinación del concejal de Chimichagua Carlos Palomino Sampayo, identificado con C.C 7.152.462.

    Tras su salida de nuestra organización por no acatar los mandatos y reglamentos internos del proceso, este concejal ha venido desinformando, calumniando y estigmatizando nuestro proceso, por ejemplo, irrespetando la decisión democrática tomada en la asamblea de ASCAPROVIDA sobre el carácter colectivo de la adjudicación del predio La Oficina, desinformando en escenarios de diálogo con la ANT, desconociendo la asamblea de la asociación y su representación legal y promoviendo un paro para impedir la mesa de interlocución de nuestra organización con la dirección general de la ANT a finales del 2024.

    El escenario de diálogo y concertación culminó sin éxito y abruptamente cuando la delegación liderada por el Concejal se retiró del recinto, no sin antes escuchar de voz de Jacob Jiménez, que efectivamente él había amenazado a las familias campesinas de Génova con el desplazamiento forzado del predio si continuaban organizadas en la comisión.

En este contexto, la Comisión por la Vida Digna hace el siguiente llamado:

  1. Participación de la Defensoría del Pueblo, Personería, Inspección de Policía y Alcaldía de los municipios de Astrea y Chimichagua, así como seguimiento por parte de garantes como ONU y ONG’s defensoras de derechos humanos al acompañamiento cultural y espiritual que realizaremos el próximo viernes 10 de enero del 2025 en el predio Génova- Santa María con el propósito de garantizar los derechos de las familias campesinas de la Comisión asentadas en el predio, evitando el desplazamiento forzado, confinamiento y amenazas y, por el contrario, promoviendo un escenario de diálogo y reconciliación entre las comunidades.
  2. Cumplimiento de la sesión de la Mesa de Interlocución y Seguimiento entre la ANT y Comisión protocolizada el 2 de diciembre del 2024 mediante resolución 202410306084616 para abordar integralmente los procesos agrarios y de acceso a tierras de las organizaciones que integran la Comisión. Seguimos alertando a la ANT sobre las irregularidades evidenciadas en el caso del predio Santa María- Génova, con la intermediación entre la entidad y el propietario por parte de terceros que no están facultados para ello, como Francisco Javier Lara, el funcionario público del Hospital de Astrea y Carlos Palomino Sampayo, el Concejal de Chimichagua.
  3. Clarificación del rol de Alexandra Pineda en los procesos de adjudicación de tierras relacionados con las organizaciones que integran la Comisión, llamándole a priorizar por encima de cualquier interés personal, el respeto a nuestra organización y la unidad del campesinado cesarense.
  4. Acompañamiento por parte de la Defensoría del Pueblo, la ANT y el Ministerio del Interior – Viceministerio de Diálogo Social- Dirección de DDHH, en el marco de sus compromisos con la Mesa de Interlocución Regional a una asamblea de ASOCAMGEMA, de tal forma que existan garantías para que las y los campesinos socios del proceso puedan decidir libremente sobre la composición y rumbo de su organización.
  5. Implementación inmediata del proceso estipulado por el decreto 660 para garantizar la protección y salvaguarda de nuestra organización priorizada por el Ministerio del Interior desde el 2023, así como activación de las medidas solicitadas ante la UNP e investigación por parte de la Fiscalía sobre las denuncias interpuestas por nuestra organización.

Finalmente, reiteramos que el propósito de nuestra organización es y siempre será la defensa de los derechos del campesinado, la reforma agraria integral y popular y la protección de la vida y la naturaleza. Llamamos a las organizaciones y liderazgos campesinos de Chimichagua y Astrea a no permitir que los intereses particulares y clientelares de ciertos individuos, divida el movimiento campesino de la región.

Por la Reforma Agraria, Integral y Popular ¡Qué viva la Comisión!