11 de noviembre de 2025
En un contexto de álgidos debates sobre el futuro de nuestro país, como parte de un ejercicio de democracia y legislación popular, comunidades y organizaciones de trabajadores y trabajadoras, campesinado, afros, indígenas, mujeres, estudiantes, jóvenes, sectores populares urbanos, ambientalistas, defensores de Derechos Humanos, magisterio y LGTBI, entre otras, nos convocamos y movilizamos entre el 13 y el 19 de octubre del 2025 para proponerle al país y, especialmente, al pueblo colombiano una agenda de debate político por transformaciones estructurales, buscando interpelar los escenarios de la democracia formal, funcional a los intereses de las clases sociales privilegiadas.
De nuestras hermanas y hermanos de clase recibimos solidaridad, acompañamiento y beneplácito con nuestras propuestas políticas, porque interpretan los anhelos de cambios profundos para superar las precarias condiciones de explotación y dominación que han sumido al pueblo colombiano en la pobreza estructural. En contraste, el régimen oligárquico desplegó su dispositivo represivo político, económico, mediático, militar y paramilitar, en aplicación de la doctrina de seguridad y del enemigo interno, para desconocer, deslegitimar y criminalizar nuestro derecho a ser sujetos protagónicos en la construcción de un nuevo país, libre de las estructuras capitalistas.
Personajes de la vieja y caduca política oligárquica, al unísono, descalificaron e intentaron distorsionar nuestros propósitos políticos. El gobernador de Santander, el personero del municipio Confines y algún concejal incitaron a los llamados Frentes de Seguridad Ciudadana para atacar a las comunidades que hicieron presencia pacífica en ese territorio, bajo la falacia de que nuestro objetivo era “invadir” sus propiedades. Como resultado, las comunidades en su retirada forzada fueron perseguidas, sometidas, humilladas, violentadas física y verbalmente, torturadas psicológicamente y puestas en la palestra pública como criminales. Exigimos investigaciones y sanciones a esos funcionarios públicos que pusieron en riesgo la vida de las comunidades y le negaron el derecho a la movilización.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, declaró como sospechosa la capacidad organizativa de las comunidades y sentenció que detrás de la movilización nacional estaban estructuras criminales. Es decir, las declaró objetivo militar en una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Además, dejó entrever su odio y desprecio por un pueblo que se atreve a proponer y exigir transformaciones estructurales. Para este funcionario, muy cuestionado política y moralmente, es inconcebible que las comunidades tengan capacidad para organizarse, movilizarse y actuar en democracia directa. No se retractó, seguramente, por sentirse autorizado por el presidente, quién ya había hecho algo similar con las comunidades del Catatumbo, a las que acusó de estar “permeadas por las armas”. Estamos a la espera de que ambos se retracten públicamente. Presidente: retráctese y exija hacer lo mismo a su ministro.
Algunos medios de comunicación del establecimiento mostraron “interés” de adelantar cubrimiento periodístico y realizar entrevistas a vocerías de la movilización, con el principal objetivo de instalar en la opinión pública un perfil criminal de las comunidades y deslegitimar la movilización. La intención de difamar fue totalmente evidente. Esperamos que, al menos, las organizaciones gremiales del sector de la comunicación examinen la ética periodística de esos periodistas y de las empresas de comunicación a las que están vinculados. Porque a la justicia la evadirán recurriendo a la vilipendiada “libertad de prensa”.
En La Delfina, Valle del Cauca, la Fuerza Pública arremetió violentamente contra la comunidad indígena Nasa que se movilizó en la carretera Cali-Buenaventura. La combinación de Policía y Ejército que llegó a este punto de movilización usó armas letales, con las cuales causaron heridos y destruyeron sus cultivos y animales; es decir, buscaban destruir su economía. Exigimos que se investigue al actuar de la Fuerza Pública que violó los Derechos Humanos y el DIH, dando tratamiento de guerra a una movilización legítima y beligerante, pero pacífica.
La tristemente célebre gracias a su lenguaje irresponsable, María Fernanda Cabal, se sumó al coro de personajes que criminalizaron la movilización y, además, exigió a la Fiscalía investigar a los dirigentes de la movilización; es decir, a todas las personas participantes porque en nuestra democracia no existen jerarquías. En idéntico sentido, el alcalde Galán reclamó a la Fiscalía investigar a las comunidades que hicieron un plantón pacífico en solidaridad con el pueblo palestino y el pueblo venezolano, en la Embajada de EE UU, porque se defendieron de la agresión del ESMAD, eufemísticamente ahora denominado “Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO)”. Las comunidades tienen en la memoria su actuar asesino. Por eso se ven obligadas a defenderse ante su arremetida que, es sabido, causa muertes y graves lesiones físicas.
En el proceso de retorno a sus territorios, un denominado “Frente de Seguridad Ciudadana” hostigó a las comunidades que aún estaban en el refugio humanitario establecido en la Universidad Nacional, gritando improperios y acusaciones, así como destruyendo pancartas del Sindicato de Trabajadores de Universidades Públicas y de la constituyente liderada por las autoridades académicas del centro. Varios buses que transportaban a las comunidades fueron perseguidos por la Fuerza Pública en actitud hostil y provocadora.
Una vez en los territorios, varios líderes fueron amenazados por paramilitares del Clan del Golfo y el Frente 33, estructuras con las que el Gobierno sostiene “diálogos de paz”. Además, la Fiscalía General de la Nación, como instrumento de represión, continúa su actuar contra participantes en la movilización, capturando a Alejandro Vitacuy, hijo de la autoridad Lázaro Vitacuy, preso desde hace tiempo en las mazmorras del Estado. Le corresponde al Gobierno condenar tales amenazas y brindar garantías de seguridad para la vida y permanencia en los territorios de las comunidades, su líderes y organizaciones. Exigimos que se proceda en tal sentido de manera inmediata.
Hacemos responsable al Estado por las insensatas actuaciones de funcionarios y de la Fuerza Pública, a los medios de comunicación por su falta de ética periodística y a los jefes e integrantes de los llamados Frentes de Seguridad Ciudadana que atacaron a las comunidades, por las violaciones de Derechos Humanos que sean cometidas contra nuestras comunidades, sus líderes y organizaciones, con ocasión de la matriz de opinión adversa que montaron para criminalizar y deslegitimar la movilización.
Finalmente, solicitamos a la Fiscalía y la Procuraduría que adelanten las investigaciones pertinentes con su misionalidad institucional, respecto de estas denuncias de violaciones de DD HH. Contemplaremos la posibilidad de acudir a instancias internacionales de DD HH, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que, ante la eventual inacción del Estado colombiano, procedan a proteger nuestros derechos.
AQUÍ EN LA LUCHA, ¡CONTINUAMOS!
Coordinador Nacional Agrario y Congreso de los Pueblos
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