El origen del conflicto por la tierra en el municipio de Cajibío (Cauca) está estrechamente ligado con el acaparamiento de tierras que ha hecho hace casi 50 años la multinacional Smurfit Westrock y se profundiza con las relaciones que esta empresa tiene con actores armados legales e ilegales en el territorio, como estrategia para silenciar las voces del movimiento social.
Se verifica que no hay voluntad política del Estado colombiano ni, particularmente, del Gobierno nacional por garantizar los derechos a la vida, la tierra y el territorio de las poblaciones indígenas y campesinas afectadas.
Los compromisos que adquiere la Defensoría del Pueblo son:
-Hacer seguimiento y ampliación a la Alerta Temprana emitida por la Defensoría para el municipio de Cajibío, con la posibilidad de elevar esta de riesgo inminente a riesgo estructural.
-Trasladar a la Procuraduría la denuncia, exigencias y recomendaciones consignadas en el Informe que entregó el Territorio de Vida Interétnico e Intercultural (TEVIIC) y la Alianza por la Vida, insistiendo en la necesidad inmediata de abrir una investigación disciplinaria sobre las actuaciones del Ejército en el operativo realizado el pasado 29 de marzo de 2025.
De la Dirección de DDHH del Ministerio del Interior se comprometen a:
-Trasladar la denuncia, exigencias y recomendaciones consignadas en el mencionado informe al Ministerio de Defensa, solicitando que comience la ruta de investigación.
-Solicitar al Gobierno departamental incluir en el mecanismo de prevención a vulneraciones a los Derechos Humanos el tema del conflicto por la tierra en Cajibío.
-Gestionar un espacio de interlocución entre el TEVIIC con el Ministerio de Defensa para tramitar el caso.
-Solicitar al Ministerio de Agricultura incluir al TEVIIC en la Mesa Intersectorial para la Reforma Agraria.
Para descargar el informe resultado de esta misión, seguir el siguiente enlace:
