“Tanto va el cántaro al agua que al final se rompe”, decían los abuelos y tienen razón. Ante la palabra empeñada e incumplida por parte del Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio del Interior, las comunidades campesinas organizadas en la Comisión por la Vida Digna, nos vemos en la necesidad de movilizarnos masivamente a lo largo y ancho del departamento del Cesar a partir de mañana 26 de marzo del 2025 y hasta que se cumplan los acuerdos pactados.
Como organización regional hemos trabajado incansablemente por lograr la Reforma Agraria Integral y Popular que orienta nuestra lucha y que guía nuestros corazones, hemos sido pacientes ante las dificultades que enfrenta la institucionalidad del Gobierno del Cambio; es más, nos hemos organizado, hemos salido a marchar para apoyar las reformas una y otra vez sin necesidad de nada más que nuestra convicción sobre aquello que es justo.
Seguimos creyendo en la necesidad de un Gobierno del Cambio que represente las verdaderas aspiraciones y sueños de nuestras comunidades campesinas, y sabemos que el corazón que lo mantiene vivo es la movilización, la misma que le dio origen y que lo puede sostener.
También reconocemos que hay avances en el tema de tierras en el departamento, pero es nuestro deber señalar que la Reforma Agraria no puede limitarse a entregar predios sin materializar al mismo tiempo políticas agrarias integrales que den sostenibilidad al proceso, reconociendo y fortaleciendo la autonomía de las organizaciones campesinas y, al mismo tiempo, generando garantías de seguridad para las vocerías, liderazgos y comunidades que estamos al frente de la lucha por la tierra en la región. Hemos dado pasos importantes, pero estamos lejos de cumplir con los acuerdos pactados con nuestra organización desde el 2024 y es urgente y necesario ajustar la forma en la que se realiza la interlocución con procesos campesinos como el nuestro.
Salvo por el papel de la Dirección de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, el Ministerio de Agricultura bajo la dirección de Martha Carvajalino ha brillado por su ausencia en todo este proceso, dejando a nuestras familias y comunidades campesinas sin las condiciones económicas mínimas necesarias para que la entrega de tierras sea sostenible a largo plazo y podamos producir comida, cuidar la naturaleza, comercializar nuestros productos con precios justos y consolidar nuestras apuestas territoriales como son los TECAM.
Por si fuera poco, llevamos casi nueve meses esperando que la Agencia Nacional de Tierras en cabeza de Felipe Harman y bajo la asesoría departamental de Alexandra Pineda, cumpla con la palabra dada al campesinado sin tierra de nuestras asociaciones de Bosconia, Chimichagua, Tamalameque-Pailitas, Astrea y San Martín.
Los predios que hemos logrado en Chimichagua son insuficientes para suplir las necesidades de nuestras familias campesinas y seguimos con la precariedad de entregas provisionales que no se convierten en títulos definitivos sencillamente porque no se respeta la opción de la adjudicación colectiva que, como en el caso del predio La Oficina, la mayoría de nuestras familias campesinas decidió de manera autónoma y democrática hace más de un año con la presencia de la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Agricultura y garantes como la ONU, Defensoría y el Coordinador Nacional Agrario al cual pertenecemos y la hemos ratificado de manera verbal y escrita en múltiples ocasiones.
Reconocer al campesinado como sujeto de especial protección implica respetar sus formas organizativas, las vocerías democráticamente elegidas, sus espacios de decisión colectiva, sus mecanismos para tramitar internamente las diferencias que son normales en todo proceso de organización, y sobre todo, realizar espacios de interlocución responsables, honestos y cuidadosos que eviten la acción con daño y la división entre organizaciones. Insistimos en la necesidad de que la Dirección General de la Agencia Nacional de Tierras, así como su asesora para el Departamento respeten las representaciones legales de nuestras asociaciones y sus vocerías, y se abstengan de seguir realizando acuerdos sobre nuestros procesos con individuos que no hemos elegido para representarnos ni con delegados de otras organizaciones, particularmente en el municipio de Chimichagua.
La situación resulta crítica cuando evidenciamos que el Ministerio del Interior lleva más de un año sin convocar la Mesa de Interlocución Regional pactada desde el 2022 con nuestra organización, como el escenario idóneo para encontrar las soluciones a las problemáticas de tierra, derechos humanos y territorio de nuestra organización: este incumplimiento sistemático incrementa el riesgo que actualmente enfrentan nuestras vocerías y comunidades campesinas por su papel en la lucha por la reforma agraria.
Para nuestras comunidades campesinas, la palabra es sagrada, la palabra empeñada se cumple y así como nos hemos movilizado por las Reformas del Cambio, hoy nos movemos por nuestros derechos innegociables a la autonomía, la vida y a la tierra.
Nuestra palabra es tan sencilla, como justa es nuestra exigencia:
- Instalación inmediata de la Mesa de Interlocución Regional por parte del Ministerio del Interior bajo la dirección de Armando Benedetti, instancia pactada con la Comisión por la Vida Digna y el MTCC desde el 2022 e inactiva desde marzo del 2024, estableciendo una ruta de cumplimiento de los acuerdos establecidos, iniciando por el Decreto 660 y la implementación de acciones que garanticen la seguridad e integridad de nuestras vocerías y comunidades por parte de la Unidad
Nacional de Protección. - Acompañamiento técnico y financiero real por parte del Ministerio de Agricultura para otorgar sostenibilidad a las adjudicaciones de tierra y la consolidación de los TECAM en Bosconia, Chimichagua-Astrea, Tamalameque y San Martin, e implementación de proyectos productivos viables por parte de la Agencia de Desarrollo Rural.
- Cumplimiento inmediato a los acuerdos pactados entre la Agencia Nacional de Tierras bajo la dirección de Felipe Harman y la Comisión por la Vida Digna en el marco de la Mesa de Interlocución creada bajo resolución de diciembre del 2024, concretamente para el acceso a tierras de las comunidades campesinas de nuestra organización que habitan en los municipios de Bosconia, Chimichagua, Astrea, Tamalameque- Pailitas y San Martin.
- En el marco de la Mesa de Interlocución creada entre la Agencia Nacional de Tierras y la Comisión por la Vida, crear e implementar un protocolo de relacionamiento con las organizaciones campesinas de nuestro proceso que respete la autonomía, forma organizativa, mandatos e instancias de interlocución y decisión democráticas definidas por nuestra organización, sin interferencia de intereses clientelares particulares y concertando instancias reales de diálogo y unidad con otras organizaciones campesinas del departamento, especialmente en Chimichagua. Para la Comisión es fundamental que la entrega de tierras fomente la unidad del movimiento campesino de la región en lugar de la división y la competencia entre organizaciones.
- Adjudicación colectiva de los predios La Oficina, Santo Domingo y Las Américas por parte de la Agencia Nacional de Tierras, respetando el mandato organizativo y el proceso decisorio que nuestras comunidades campesinas han realizado de manera democrática y autónoma, apoyando el ordenamiento territorial y ambiental propio, así como el cumplimiento de los reglamentos comunitarios para impedir la sobre – explotación de los predios por la ganadería extensiva que sólo beneficia a unas pocas personas en detrimento del bien común.
¡Ninguna decisión sobre nosotros, sin nosotros!
Por la Vida, la Tierra y el Territorio, ¡A luchar!
Para descargar el comunicado, siga el siguiente enlace:
