Por Luis Fernando Lara, del proceso Integración Campesina del Cesar
La reciente columna de José Félix Lafaurie revela un intento alarmante de deslegitimar y criminalizar las luchas campesinas y el derecho a la organización de las comunidades rurales en Colombia. En un contexto de creciente violencia y desigualdad, las guardias campesinas surgen como una respuesta legítima de autoprotección y de reivindicación de derechos por parte de aquellos que han sido históricamente marginados y despojados de sus territorios.
Lafaurie menciona la violencia en el campo, pero elige ignorar la raíz del problema: la concentración de la tierra y la exclusión sistemática de los campesinos de los procesos de toma de decisiones que afectan sus vidas.
Atribuir la violencia a las guardias campesinas es un intento de desviar la atención de los verdaderos responsables: aquellos que perpetúan un modelo agrario injusto y que, a menudo, son respaldados por el mismo Estado que debería proteger a sus ciudadanos.
El argumento de que las guardias campesinas son organizaciones “uniformadas, entrenadas e ideologizadas” es una simplificación peligrosa. Estas organizaciones están formadas por hombres y mujeres que buscan proteger sus territorios y sus medios de vida ante una amenaza constante de despojo y violencia. En lugar de ser vistas como adversarios, deberían ser reconocidas como aliados en la construcción de una paz duradera y justa en el país.
Lafaurie también menciona la supuesta influencia de organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, pero es fundamental recordar que la lucha por la tierra y por los derechos campesinos no es un capricho ideológico, sino una necesidad urgente. La “recuperación de tierras” no es solo un eslogan; es un acto de resistencia contra la pobreza, la desigualdad y la violencia estructural que han caracterizado la historia de Colombia.
Asimismo, el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) parece olvidar que el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección en la Constitución es un avance hacia la justicia social y la equidad. Este reconocimiento debe ser acompañado de acciones concretas que garanticen el acceso a la tierra y la protección de los derechos de las comunidades campesinas.
Finalmente, es inaceptable que en un país que ha sufrido tanto por la guerra y la violencia, se utilicen narrativas que fomentan el odio y la división. En lugar de señalar a los campesinos y sus luchas como un “nuevo poder” que amenaza la estabilidad del país, debemos trabajar juntos hacia un futuro en el que todos los colombianos, sin importar su origen o condición, puedan vivir en paz y dignidad.
La construcción de una sociedad, con transformaciones estructurales, requiere del respeto y la inclusión de todos los actores sociales, y eso incluye a las comunidades campesinas que luchan por sus derechos.
